La construcción es uno de los sectores, si no el primero, clave en la economía de España en el transcurso de los tiempos, con periodos de enorme pujanza y alguno de decaimiento, pero constituye sin ninguna duda un elemento dinamizador de la misma y motor en la creación y mantenimiento del empleo. Cabe resaltar que el sector crea 30.000 puesto de trabajo al año, tratándose de un empleo estable y con un número actual cercano a 1.400.000 puestos de trabajo, con un efecto arrastre de otros sectores de la economía.
Durante la pandemia del covid-19, el sector, aun con muchas dificultades y solo parcialmente, pudo mantener la actividad a diferencia de otros sectores, contribuyendo a mantener el empleo, y luego, con la llegada de los Fondos Europeos, se ha erigido en un pilar esencial en la languidecida actividad general, por su carácter transversal y su obligada participación en un alto porcentaje de los proyectos amparados en los europeos Next Generation.
Sin embargo, esa presencia constante en amplios sectores de la economía no puede servir para enturbiar los serios problemas que actualmente aquejan a la construcción. Con un mero carácter enunciativo y sin jerarquía entre los mismos por su conjunta trascendencia, podemos citar los siguientes:
La falta de una decidida apuesta de las Administraciones Públicas por las empresas del sector, elemento imprescindible de la mayor parte de los proyectos enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del que se ignoran datos de ejecución. No existe ningún PERTE específico de construcción.
El desorbitado incremento de los precios de los materiales de construcción que, aunque con tendencia a moderarse, ha supuesto la imposibilidad de cumplimiento de numerosos contratos públicos y privados. En el caso de la contratación pública, además, la combinación de ese hecho con la enorme dificultad legal de revisión de precios, ha determinado en algunos casos abandono de contratos con asunción de penalizaciones, por resultar antieconómico su completa ejecución.
Pero el efecto más perverso para el interés general es el elevado número de licitaciones públicas que se han quedado desiertas, al menos 32 contabilizadas en Andalucía en los últimos meses del año, al resultar inasumibles para las empresas los tipos de licitación, totalmente desfasados respecto de los precios reales de mercado. Y ello hace más censurable el recurso de las Administraciones a los llamados medios propios, como es el caso de Tragsa, que asumen la ejecución de contrato en ocasiones por un precio superior al marcado inicialmente en el contrato, ya que se sujeta a sus propias tarifas.
Enlazando con lo anterior, resulta imprescindible en nuestra Comunidad Autónoma una constante actualización del Banco de precios, instrumento oficial en el que se basan los órganos de contratación públicos, tanto de la Junta de Andalucía como de las Entidades Locales, para la fijación de los precios de licitación de los contratos, asunto en el que estamos trabajano en los últimos meses orientados a ello, con participación de Fadeco Contratistas y otros colectivos profesionales.
Solicitamos asimismo de la Administración Autonómica el mayor abordaje de las ayudas en materia de eficiencia energética y de rehabilitación, siempre insuficientes.
Un problema acuciante en el sector lo constituye la falta de mano de obra cualificada, tanto por carecer los aspirantes de la formación adecuada por las nuevas técnicas constructivas como, sobre todo, por el envejecimiento de los trabajadores, no garantizándose el imprescindible relevo generacional en la actividad, en la que la presencia de la mujer es aún escasa, no alcanzando el 10% del total y en buena parte, en puestos de carácter administrativo, pese a advertirse mayor incorporación de arquitectas o aparejadoras.
Y, por último, gravitando sobre todo el marco descrito se encuentra el problema de la vivienda, de constante actualidad, al que no se acaba de encontrar solución definitiva, pero que precisa de múltiples actuaciones, como el incremento de la oferta de suelo y viviendas, certeza en los planeamientos urbanísticos, reducción de plazos, abundar en las declaraciones responsables, lucha contra la ocupación, reducción de la fiscalidad, así como acudir a fórmulas de colaboración público-privada, entre otras muchas medidas que contribuirían a paliar la situación.