El pasado 13 de marzo fue suscrito el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía por la Confederación de Empresarios de Andalucía con el Gobierno andaluz y las Centrales Sindicales UGT y Comisiones Obreras para fortalecer a las empresas y a los autónomos. Al acto asistió, en calidad de miembro del Comité Ejecutivo de la intersectorial andaluza nuestro Presidente, Rafael Sánchez Alcalá.
El acuerdo, fruto de un intenso diálogo tripartito, incorpora la adopción de medidas de carácter inmediato para pymes y autónomos de los diferentes sectores de actividad económica, especialmente afectados por los incrementos de los costes energéticos. Estas ayudas, que serán desarrolladas a través de un Decreto Ley de carácter urgente, están presupuestadas en unos 525 millones de euros. Se espera que su concesión sea muy ágil, tal y como ya sucedió con muchas de las ayudas aprobadas en el anterior acuerdo de Diálogo Social de marzo de 2021.
También de forma inmediata se pondrán en marchas medidas destinadas a la mejora de la competitividad industrial de las pymes, así como para su transformación digital, dotadas con 240 millones de euros. Igualmente se reforzará el sistema de financiación a las empresas a través del incremento de las provisiones de la sociedad de garantía recíproca Garántia SGR, dotando a las mismas con 3 millones de euros. Se estima que permita poner a disposición de las empresas ayudas por un importe superior a los 100 millones de euros en avales.
Mejora del entorno económico y normativo
Junto a estas medidas de fortalecimiento inmediato para las empresas, también se ha acordado una batería de medidas institucionales y de planificación para mejorar el entornoeconómico y normativo. Entre ellas destacan el impulso a la simplificación administrativa, con un compromiso de modificar la legislación ambiental para tener una regulación mucho más competitiva.
Se hace especial énfasis en la aceleración de las inversiones previstas en materia hídrica, dados los graves perjuicios ocasionados por el largo período de sequía. Junto a esas medidas en infraestructuras, también se prevén ayudas al sector industrial agroalimentario relativas a la mejora de la sostenibilidad y la internacionalización, objetivo común a todos los sectores de actividad.
El Pacto incorpora además una especial sensibilidad hacia los temas de carácter laboral, poniendo el foco en la capacidad de los interlocutores económicos y sociales andaluces de seguir leal y corresponsablemente incrementando el necesario diálogo en esta materia, esencial para fortalecer la paz y el Diálogo Social de cualquier territorio.
Entre otros acuerdos, destacan el seguimiento de la aplicación de los fondos europeos en nuestra región y el desarrollo de la Ley de Participación Institucional, prevista en el artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.